El presidente de Argentina, Javier Milei vetó la Ley 27.790, sancionada por el Congreso, que declaraba a Bahía Blanca y Coronel Rosales como zona de emergencia por inundaciones del 7 de marzo de 2025.
La ley de emergencia asignaba 200.000 millones de pesos en ayuda, la decisión, oficializada en el Decreto 424/2025, argumenta que el Gobierno ya implementó medidas similares a través de la resolución 238/2025, que estableció el Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR) por el mismo monto. El Ejecutivo sostiene que el 85.43% de los damnificados inscritos ya recibieron el subsidio y que la ley vetada carecía de fuentes de financiamiento.
Sin embargo, los propios datos oficiales revelan que aproximadamente 5.500 personas, casi el 15% de los solicitantes, aún no recibieron la ayuda prometida, ya sea porque sus casos están en análisis o porque fueron rechazados, realidad que contradice la justificación presidencial. Además, el veto excluyó a Coronel Rosales del plan de asistencia, a pesar de su inclusión en la ley del Congreso, basándose en informes que del Gobierno de Milei, en los que se considera que la zona no fue de las más afectadas.
La ley vetada por Milei, impulsada por senadores bonaerenses, no solo preveía subsidios directos, sino también la creación de un fondo especial, exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de empleo local en obras y líneas de créditos blandos. Un aspecto clave que el Ejecutivo omitió es que una parte considerable de esos 200.000 millones de pesos se destinaría a obras de infraestructura cruciales para la reconstrucción de Bahía Blanca, incluyendo la reparación de vías vitales para la conexión con Vaca Muerta.
Una parte considerable de esos 200.000 millones de pesos se destinaría a obras de infraestructura cruciales para la reconstrucción de Bahía Blanca.
El Gobierno justifica el veto alegando la ausencia de una partida presupuestaria específica para la ley, lo que supuestamente incumple las leyes de administración financiera. Esta postura es criticada, ya que los Gobiernos suelen disponer de fondos interministeriales para emergencias. Muchos señalan que el monto asignado a Bahía Blanca es menor a otros gastos del Gobierno en 2025, como las compras en el exterior con dólar subsidiado o subsidios a empresas fintech.
Esta situación provocó un fuerte reclamo social en Bahía Blanca, con protestas y acampes en los barrios afectados debido a las demoras en la asistencia. La decisión presidencial se suma a un reciente golpe económico para la ciudad: la reubicación de la planta de GNL de YPF y Petronas, que de Bahía Blanca pasó a Punta Colorada (Río Negro), resultando en el desistimiento de Petronas y la pérdida de miles de empleos e inversiones proyectadas.
