Según informó la ONG Cooperacción, este 8 de enero tendrá lugar la última audiencia de segunda instancia del caso Ariana, la empresa minera que pretende explotar cobre en pleno sistema de lagunas de Marcapomacocha, que abastece de agua a Lima y Callao.
En esta audiencia se espera el voto dirimente de un quinto juez, dado que las opiniones en la primera sala constitucional de Lima se encuentran empatadas a dos votos, con los magistrados Ordóñez y Tapia a favor de la suspensión del proyecto minero y los magistrados Cueva y Suárez que se han manifestado en sentido contrario.
Ariana es un proyecto minero de la empresa Southern Peaks, que se emplaza dentro del sistema Marcapomacocha, el sistema hídrico de donde Sedapal capta agua de la cuenca del Mantaro para desviarla hacia la cuenca del Rímac y así garantizar las cantidades de agua necesarias para abastecer a la capital del país y sus más de 10 millones de habitantes.
Este sistema hídrico está conformado por un conjunto de lagunas, así como bofedales naturales, que son ecosistemas captadores de agua, y una compleja trama de aguas superficiales y subterráneas que permiten alimentar al túnel trasandino Cuevas-Milloc, que la transporta hacia la cuenca del Rímac.
Pese a que el proyecto minero Ariana recibió la aprobación de su estudio de impacto ambiental (EIA) en 2016 por parte de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el propio Sedapal considera que constituye un grave riesgo que podría impactar la calidad y cantidad de agua que reciben Lima y Callao. Sin embargo, la opinión de la empresa de agua potable no fue tomada en cuenta.
Es así que, en 2019, un grupo de ciudadanos de Lima interpusieron una demanda de amparo contra el proyecto minero, presentando numerosos argumentos técnicos que ofrecen indicios razonables de que la construcción de una mina y el emplazamiento de relaves tóxicos en el sistema de Marcapomacocha ponen en riesgo las fuentes de agua de Lima y Callao.
«Es así que, en 2019, un grupo de ciudadanos de Lima interpusieron una demanda de amparo contra el proyecto minero, presentando numerosos argumentos técnicos que ofrecen indicios razonables de que la construcción de una mina y el emplazamiento de relaves tóxicos en el sistema de Marcapomacocha ponen en riesgo las fuentes de agua de Lima y Callao».
En enero de 2023 la jueza Rocío del Pilar Rabines, del sexto juzgado constitucional de Lima, ordenó la suspensión del proyecto minero y la realización de estudios hidrogeológicos que determinen el riesgo existente. Sin embargo, tanto la empresa como el Estado apelaron la sentencia.
La audiencia del próximo 8 de enero es la audiencia definitiva de la segunda instancia, en donde se determinará qué posición obtiene los tres votos necesarios para dictar sentencia: la suspensión del proyecto, o su construcción.
Luego de casi seis años de proceso judicial, el voto dirimente de un juez podría ser decisivo para el derecho al agua en cantidad y calidad adecuadas para las próximas generaciones. La ciudadanía debe permanecer alerta y vigilante, esperando que la primera sala constitucional de Lima tome conciencia de la responsabilidad histórica que tiene en sus manos.
